Según esta noticia, aparecida hoy en el diario Público, varias comunidades autónomas deben grandes sumas de dinero a las clínicas abortistas, lo que supone "una forma de poner palos en las ruedas al cumplimiento de la Ley del Aborto". En un tono preocupado, el diario sigue hablando de esta "grave" situación recordando que en septiembre pasado los centros privados se declararon en huelga y practicaron abortos gratis sólo en determinadas situaciones y prosigue asegurando que la interrupción voluntaria del embarazo podría dejar de ser universal y gratuita si el Gobierno decidiera excluirlo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (...) De ser así, el PP cumpliría los deseos de los grupos ultracatólicos y activistas antiaborto. Organizados en páginas web, en los últimos meses han intensificado su campaña contra la gratuidad y universalidad de la prestación, con el lema "No con mi dinero".
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